PLAN REGULADOR Y LOS DESAFÍOS DE PROTEGER EL USO DE TIERRA

Hace varias décadas, hombres y mujeres visionarias comenzaron a practicar una agricultura sostenida, a valorar la importancia de una dieta en base a productos naturales, extraídos de la tierra... En Puerto Natales esta historia comenzó con 271 huertos que se ubicaron en los márgenes de la ciudad, desafiando el clima y una geografía abrupta.

Al poco tiempo, el esfuerzo encontró un apoyo incondicional de parte del Estado y en los últimos 20 años los recursos han sido sostenidos, cuantiosos y han dotado de infraestructura y conocimiento técnico al sector denominado zona de huertos. 

Pero las subdivisiones continuaron y nacieron más parcelas, otras personas de oficios diversos optaron por ser agricultores, y una variedad de productos agrícolas cobró una presencia importante en la mesa magallánica durante los meses cálidos del año.

En la actualidad los esfuerzos peligran.  La ciudad crece como un quásar gigante que amenaza con devorar los terrenos más inmediatos.  Lo que ayer estaba lejos, hoy está cerca, y los viejos huertos están a pocos minutos del centro.  Entonces el apetito de las inmobiliarias por la tierra cobra otro valor y la tentación de vender por parte de los agricultores a buen precio en un sector de tradición silvoagropecuaria amenaza los esfuerzos de la región por convertirse en un actor relevante en la industria alimentaria del país.

Por eso, más que nunca se hace necesario promover un crecimiento urbano armónico e integrado con el resto de las actividades económicas.  Un ejemplo claro de las externalidades negativas del crecimiento urbano no planificado es la pérdida irreversible del patrimonio natural de la región, como suelos de alta calidad, y el impacto sobre los recursos hídricos a través de la contaminación, disminución de la capacidad de recuperación de acuíferos, entre otros.

De ahí que, desde el punto de vista del sector agropecuario, los instrumentos de planificación y ordenamiento del sector rural deben apuntar a optimizar la eficiencia de uso de los recursos desde una perspectiva multifactorial, en donde la rentabilidad social exprese no sólo variables urbanas sino sea también indicativa de variables de desarrollo del sector rural.

En este sentido, la construcción de un Plan Regulador que recoja y preserve el uso de suelos agrícolas es imprescindible.  Las autoridades comunales tienen un desafío histórico, donde es vital profundizar la mirada en el largo plazo, una tarea que requiere también de regulaciones por parte del Estado que apunten a corregir las imperfecciones presentes en el mercado de suelos.

Los Planes Reguladores son actos administrativos de carácter normativo que establecen las condiciones de edificación y los usos de suelos permitidos y prohibidos.   Entonces es clave establecer una orientación que promueva un desarrollo más armónico de las zonas hacia donde crecerán las ciudades, regulando la magnitud de su crecimiento para alcanzar una coexistencia que no afecte significativamente las actividades agrícolas, hoy indefensas frente una expansión urbana poco articulada con el resto de los actores y recursos de la región, así como por la falta de normativas propias en estas materias.

Existe cierto grado de acuerdo en el país para alcanzar niveles más avanzados de desarrollo social y económico.  Pero es necesario impulsar una mirada más global e integrada en el uso y asignación de recursos productivos como suelo y agua, la cual tome en consideración no sólo la eficiencia económica de corto plazo, sino también, objetivos ambientales, sociales y culturales que permitan perfeccionar el desempeño del mercado en la distribución de los recursos entre los diferentes sectores económicos.