INDAP visita a usuarios de Monte Patria para evaluar viabilidad de postulaciones al Bono Legal de Aguas

Conocer en terreno a través del diálogo la realidad productiva de los habitantes del mundo rural es una tarea importante a la hora de adjudicar apoyos a los emprendimientos campesinos. Por esta razón, INDAP Coquimbo recorrió distintos sectores de la comuna de Monte Patria para evaluar la viabilidad de las postulaciones ingresadas por sus usuarios al programa Bono Legal de Aguas (BLA).

En total fueron cuatro los productores visitados. Según informó la directora regional (S) de INDAP, Tonya Romero, “ellos postularon al primer llamado 2023 que realizamos del BLA y nuestro equipo acudió a sus predios, ya que se hará un informe de prefactibilidad que defina si el proyecto que desean concretar es posible y si es acorde a la normativa”. Agregó que “creo que es importante recalcar que nuestra institución en terreno guiando y apoyando a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de los distintos territorios”.

Para el programa BLA, todas las postulaciones están referidas al financiamiento de los costos involucrados en el perfeccionamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, acogiéndose a los artículos 309, 312 y 313 del Código de Aguas, indicando el punto de captación, el volumen por unidad de tiempo y demás características del derecho para su perfeccionamiento.

“Ante la Reforma al Código de Aguas, que busca reforzar el carácter de bien público del agua y consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de derechos, se hace indispensable que los habitantes del mundo rural cuenten con herramientas que contribuyan a resguardar jurídicamente el agua que emplean en sus labores. El BLA es una de ellas, por lo tanto estas visitas son claves para constatar que dicho instrumento sea utilizado eficientemente”, dijo el seremi de Agricultura, Christian Álvarez.

El BLA es un instrumento de la línea de Riego de INDAP que busca contribuir a mejorar el acceso al agua para el desarrollo de los proyectos productivos de los usuarios y usuarias del servicio del agro y la administración de las organizaciones de usuarios de agua a las cuales pertenecen, en un marco de seguridad jurídica.