Por primera vez Chile cuenta con una política nacional para el desarrollo de territorios rurales

Luego de 8 años desde que en 2012 el Ministerio de Agricultura impulsara la idea, esta semana la Contraloría General de la República publicará en el Diario Oficial la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), la primera en su tipo que busca mejorar la calidad de vida y mejorar las oportunidades de los habitantes rurales de nuestro país. Según datos del Censo 2017 y aplicando el criterio de ruralidad de la OCDE, el 25,5% de los habitantes del país vive en comunas rurales (263 de 346), habitando el 83% del territorio nacional.

“Estamos visibilizando la importancia estratégica del mundo rural, que se ha visto con más claridad en esta pandemia, donde se aprecia su rol esencial en la alimentación del país. Los chilenos nos hemos dado cuenta de su capacidad de alimentar a nuestras familias de modo permanente y mitigar los efectos negativos del cambio climático. Por eso debemos poner más fuerza en el apoyo a estos sectores, para que sigan cumpliendo este rol vital”, dijo el ministro Antonio Walker.

Si bien en las últimas décadas el país ha mostrado avances sustantivos en términos de reducción de pobreza, según datos de la encuesta CASEN aún persisten disparidades entre las áreas urbanas y rurales. Entre 2006 y el 2017, la pobreza por ingresos en las áreas rurales cayó desde un 51,8% a un 16,5%, lo que representa un avance significativo; sin embargo, esta cifra sigue siendo más del doble de la que se presenta en áreas urbanas (7,4% en 2017).

La medición de pobreza multidimensional también da cuenta de una mayor incidencia en las áreas rurales: en 2017 alcanzó al 37,4% de la población, comparado con el 18,3% en áreas urbanas. Esta es una muestra de las brechas que nuestro mundo rural presenta hoy y que justifican la pertinencia de esta nueva política.

La implementación de la PNDR estará a cargo de 14 ministerios y contará con un Consejo Nacional compuesto por representantes del mundo público, privados y la sociedad civil. En regiones, los encargados serán los Gobiernos Regionales y a fines de este año se dará a conocer un sistema de monitoreo que permitirá conocer la calidad de vida de las personas en las 263 comunas rurales de Chile.

Esta Política Rural nutrió sus contenidos con procesos participativos en regiones; un encuentro con alcaldes rurales de todo el país; el diálogo con organizaciones que trabajan en los territorios como las Fundaciones para la Superación de la Pobreza, Techo, Desafío Levantemos Chile, AcercaRedes, Huella Local y Amulén, y la iniciativa Balloon Latam; y un acabado estudio de la ODCDE que entre sus conclusiones señala: “Mejorar la competitividad y el desempeño de las zonas rurales de Chile no sólo sería beneficioso para las oportunidades y el bienestar de los ciudadanos rurales, sino que también para las metas nacionales y para lograr el crecimiento inclusivo”.

Es en este contexto surge la PNDR, que entrega un marco de lineamientos que promueve la coordinación de actores y variables que inciden en el desarrollo de las áreas rurales, valorando el potencial que tienen para el desarrollo local, regional y nacional. “Esta nueva política promueve una nueva mirada, ya que además de hacerse cargo de las brechas y riesgos de estos territorios, pone especial énfasis en las oportunidades actuales y futuras que dinamizan al país”, señaló el ministro Walker. Estas oportunidades se refieren a la diversidad de actividades productivas (agricultura, pesca, turismo, artesanía, energía y minería, entre otros); la diversidad natural (biodiversidad, áreas silvestres y paisajes, entre otros); y la diversidad cultural (gastronomía, oficios, interculturalidad, fiestas, tradiciones y arquitectura, entre otros).

Para la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), María Emilia Undurraga, “la PNDR permitirá en el mediano y largo plazo mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan territorios rurales, en torno al acceso a bienes y servicios como agua, vivienda, transporte, conectividad, educación y salud; mayor inversión en infraestructura y mejores instrumentos de fomento productivo que ayuden a dinamizar las economías locales; mejor manejo de riesgos y uso de los recursos naturales en un escenario de cambio climático; y mayor valoración de diversidad de identidades locales que caracterizan a la ruralidad”.